El Rugby como herramienta de Inclusión e Integración en las Cárceles .
27/02/2019
La Unión de Rugby del Alto Valle firmó un convenio con autoridades del Gobierno de la provincia del Neuquén y la Fundación Espartanos para desarrollar el Rugby a personas privadas de libertad.
La firma del convenio se realizó en la sede del Ministerio Público Fiscal, en la Ciudad Judicial. Participaron el fiscal general José Gerez , los ministros provinciales Juan Pablo Prezzoli (Deportes, Cultura, Juventud y Gobierno) y Mariano Gaido (Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad); el presidente de la Unión de Rugby del Alto Valle, Jorge Tacco; y el representante de la Fundación Espartanos, Eduardo Jorge Oderigo. También participaron autoridades policiales de la Unidad de Detención 11 y jueces y juezas penales.
“El sistema carcelario tiene mucha complejidad y debe mejorar para que cuando las personas condenas cumplan las penas, puedan reinsertarse socialmente”, planteó el fiscal general. “Se necesitan de buenas ideas para poder mejorar y esta iniciativa va en esa dirección”, remarcó, y destacó el trabajo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid para impulsar esta iniciativa.
El ministro Prezzoli indicó que “trabajar en la resocialización de las personas detenidas es una responsabilidad del gobierno y esta iniciativa apunta a eso; confiamos que los resultados acá serán tan buenos como en otras provincias donde ya se implementó el programa de Espartanos”.
Según estadísticas de la fundación Espartanos, la reincidencia de personas que fueron parte de esta iniciativa en otras provincias, fue del 5 por ciento contra el 65 por ciento de aquellas que no fueron parte del proyecto.
En la actualidad, el programa está presente en 51 unidades federales y provinciales del país, en 16 provincias, y en una unidad de España y Perú.
El convenio prevé el desarrollo de “un proyecto de integración, educación, socialización y acompañamiento, a través de la práctica del rugby y la transmisión de sus principios y valores, como instrumentos para favorecer mejores condiciones de detención, educación y futura inclusión social y empleo de las personas privadas de su libertad”.